Orlando Guevara Núñez
La Reforma
Agraria, que cumple 61 años este 17 de mayo, fue y sigue siendo el todo del campesinado
cubano. No sólo por la propiedad de la tierra que otrora trabajaban sin ser sus
dueños. Ni tampoco por haberse eliminado el odioso y criminal latifundismo. Esa
Ley transformó totalmente la vida de nuestros pobladores del campo en sus
condiciones de trabajo y de existencia. La salud, la educación, la cultura, el
deporte, el sistema crediticio, la seguridad de mercado, el apoyo en equipos y
técnicas de cultivo, el respeto a la dignidad humana y la plena y activa
incorporación a la sociedad, no han dejado de fortalecerse durante estas seis décadas.
La
propaganda contrarrevolucionaria, con sede en Estados Unidos, no se ha cansado
de propalar la mentira de la erradicación de la propiedad privada como
consecuencia de la Reforma Agraria. Iguales mentiras se lanzan contra el
cooperativismo agrícola cubano.
La realidad,
sin embargo, pulveriza esas calumnias. Antes de la aplicación de esa Ley, en
Cuba sólo 15 familias poseían el 18 por ciento de la tierra cultivable. Y el
1,4 de los dueños acaudalaba el 46 por ciento de las propiedades agrícolas.
Mientras, el 92 por ciento de los tenedores de fincas tenía sólo el 28 por
ciento de la tierra.
Con la
Reforma Agraria, creció el número de propietarios, hasta un punto sin
antecedentes en el país. Más de 100 000 campesinos recibieron sus títulos de
propiedad, al igual que muchos obreros agrícolas beneficiarios de áreas
intervenidas a los latifundistas.
La propiedad
estatal, la cooperativa y la campesina de forma individual, se han mantenido
sin antagonismos, pues todas convergen en el interés de fortalecer el sistema
social, el socialismo, que a todos protege por igual.
Hoy, a 61
años de aquella medida justiciera, funcionan en el país las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)
y Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) en las cuales se agrupan más de 380
000 campesinos y cooperativistas, además de sus familiares. En la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización que representa al
sector, están integrados hoy más de 325 000 de estos productores agrícolas.
Todos los campesinos que optaron por no
integrarse a ninguna forma de cooperativa, siguen como propietarios de sus tierras y
reciben todos los beneficios como ciudadanos cubanos.
Las CPA
están integradas por campesinos que de forma totalmente voluntaria unieron sus
tierras, equipos y demás recursos en propiedad colectiva, siendo dueños
absolutos de ese patrimonio. En las CCS permanecen por voluntad propia unos 100 000 socios unidos
a los efectos de organizar los créditos y otros servicios, pero manteniendo la
propiedad individual sobre la tierra y el resto de sus bienes. En uno y otro
sistema, los campesinos reciben iguales
beneficios. En Cuba, en la actualidad, el 35 por ciento de la tierra se
concentra en estas dos entidades.
En 1993,
surgió en Cuba otra propiedad cooperativa de la tierra: las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC). Más de un millón de hectáreas estatales fueron
entregadas en usufructo gratuito a trabajadores de empresas agrícolas del
Estado. A esas personas les fueron vendidos los medios de producción,
incluyendo tractores, almacenes, sistemas de riego y otros recursos. Toda su
producción es enteramente suya y reciben igual respaldo estatal.
Un año
después, en 1994, mediante el sistema de usufructo, el Estado cubano entregó a
productores particulares más de 75 000 hectáreas a productores de café y cacao,
además de 60 000 hectáreas a cultivadores privados de tabaco. Otras 73 000
hectáreas fueron cedidas para el autoabastecimiento familiar de alimentos.
Ahora,
decenas de miles de personas con disposición y posibilidades para producir
alimentos agrícolas, están recibiendo en usufructo gratuito parcelas de hasta
dos caballerías (26,8 hectáreas) que permanecían ociosas y se incorporan a la
producción de alimentos.
Las propias
entidades cooperativas y campesinos individuales pueden ser beneficiados con
esa asignación, recibiendo tierras estatales aledañas, con la única condición
de trabajarlas y producir.
Todos esos
sistemas coexisten con el de las empresas estatales y la voluntad del Gobierno
de destinar los recursos a quienes más frutos obtengan, sin distinción del tipo
de propiedad o usufructo de los productores.
Si alguien
conoce algún otro ejemplo de extensión de la propiedad y usufructo de la
tierra, como en Cuba, la invitación a exponerlo vale.
En este
país, categóricamente, no existen campesinos sin acceso a créditos y sin
mercado asegurado. Y tampoco, sin excepción, existe un productor privado sin
recibir gratuitamente la educación, los servicios de salud y demás beneficios
que otorga el socialismo cubano para todos los ciudadanos, sin discriminación
de ningún tipo.
Y esta
historia de la Reforma Agraria cubana,
continúa creciendo. En estos momentos el Estado cubano está ofertando de nuevo
parcelas de tierra a quienes individualmente deseen trabajarla.
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