Del Informe Central rendido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 16 al 19 de abril de 2021.
Fragmentos
Ese bloqueo, que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de 60 años con esfuerzo, sacrificio y creatividad, hubiera sido capaz de devastar la economía y la estabilidad social de cualquier país, aun aquellos que son más ricos y poderosos que Cuba. Es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna.
Solo en las condiciones del sistema socialista, basado en la justicia social, la unidad del pueblo en torno al Partido y el empeño mancomunado y solidario de defender al país, puede una nación subdesarrollada y relativamente pequeña como la nuestra, con escasas riquezas naturales, evitar el colapso e incluso avanzar en su desarrollo.
A esto se suma la descarada campaña financiada desde Washington para promover la mentira de que el bloqueo no es real, que no daña verdaderamente a la economía cubana, que no es un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de información al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos de nuestros compatriotas.
Una de las acciones más significativas, por su grado de crueldad, por lo inadmisible de cara al Derecho Internacional y por la impunidad con que Estados Unidos la acomete, es el empeño, desde abril de 2019, de privar a Cuba de los suministros de combustibles. Para lograrlo aplican medidas propias de la guerra no convencional, a fin de impedir que lleguen al territorio nacional estos suministros.
El ataque estadounidense va dirigido a desprestigiar una labor tan noble y reconocida y a privar a Cuba de los ingresos justos, honestos y legítimos que con su esfuerzo aseguran miles de profesionales formados técnica y éticamente en el país.
El acceso a la salud es un derecho humano universal y el gobierno de los Estados Unidos comete un crimen cuando para agredirnos, se dedica a sabotear la única fuente de servicios médicos a la que tienen acceso millones de personas en el mundo.
No se trata de una ley nueva, es un engendro que data de 1996, que codifica en ley el bloqueo y establece como obligación del gobierno estadounidense agredir a Cuba económicamente, a escala internacional y de modo abarcador. Dispone además y como mandato legal la promoción de la subversión política para destruir el orden constitucional cubano, con el respaldo cada año de un financiamiento oficial y millonario del presupuesto federal.
Llega al colmo de diseñar el programa de intervención política en nuestro país y el establecimiento de un tutelaje que sometería a la nación cubana a la condición de territorio subyugado y subordinado a la soberanía de Estados Unidos bajo un interventor nombrado por este.
Se trata de un instrumento político y jurídico despreciable, concebido con gran oportunismo en los momentos más duros del Periodo Especial y cuando albergaban en Washington la confianza de que la Revolución no sería capaz de sostenerse ni de ser fieles al compromiso de mantener en alto las banderas del socialismo y salvaguardar la causa que defendieron nuestros mártires.
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