Orlando Guevara Núñez
La Reforma Agraria, que cumple 63 años este 17 de mayo, fue y sigue siendo el todo del campesinado cubano. No sólo por la propiedad de la tierra que otrora trabajaban sin ser sus dueños. Ni tampoco por haberse eliminado el odioso y criminal latifundismo. Esa Ley transformó totalmente la vida de nuestros pobladores del campo en sus condiciones de trabajo y de existencia. La salud, la educación, la cultura, el deporte, el sistema crediticio, la seguridad de mercado, el apoyo en equipos y técnicas de cultivo, el respeto a la dignidad humana y la plena y activa incorporación a la sociedad, no han dejado de fortalecerse durante estas más seis décadas.
La propaganda contrarrevolucionaria, con sede en Estados Unidos, no se ha cansado de propalar la mentira de la erradicación de la propiedad privada como consecuencia de la Reforma Agraria. Iguales mentiras se lanzan contra el cooperativismo agrícola cubano.
La realidad, sin embargo, pulveriza esas calumnias. Antes de la aplicación de esa Ley, en Cuba sólo 15 familias poseían el 18 por ciento de la tierra cultivable. Y el 1,4 de los dueños acaudalaba el 46 por ciento de las propiedades agrícolas. Mientras, el 92 por ciento de los tenedores de fincas tenía sólo el 28 por ciento de la tierra.
Con la Reforma Agraria, creció el número de propietarios, hasta un punto sin antecedentes en el país. Más de 100 000 campesinos recibieron sus títulos de propiedad, al igual que muchos obreros agrícolas beneficiarios de áreas intervenidas a los latifundistas.
La propiedad estatal, la cooperativa y la campesina de forma individual, se han mantenido sin antagonismos, pues todas convergen en el interés de fortalecer el sistema social, el socialismo, que a todos protege por igual.
Hoy, a 63 años de aquella medida justiciera, funcionan en el país las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) en las cuales se agrupan más de 350 000 campesinos y cooperativistas, además de sus familiares. En la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización que representa al sector, están integrados hoy más de 325 000 de estos productores agrícolas. Todos los campesinos que optaron por no integrarse a ninguna forma de cooperativa, siguen como propietarios de sus tierras y reciben todos los beneficios como ciudadanos cubanos.
Las CPA están integradas por campesinos que de forma totalmente voluntaria unieron sus tierras, equipos y demás recursos en propiedad colectiva, siendo dueños absolutos de ese patrimonio. En las CCS permanecen por voluntad propia unos 100 000 socios unidos a los efectos de organizar los créditos y otros servicios, pero manteniendo la propiedad individual sobre la tierra y el resto de sus bienes. En uno y otro sistema, los campesinos reciben iguales beneficios. En Cuba, en la actualidad, el 35 por ciento de la tierra se concentra en estas dos entidades.
En 1993, surgió en Cuba otra propiedad cooperativa de la tierra: las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Más de un millón de hectáreas estatales fueron entregadas en usufructo gratuito a trabajadores de empresas agrícolas del Estado. A esas personas les fueron vendidos los medios de producción, incluyendo tractores, almacenes, sistemas de riego y otros recursos. Toda su producción es enteramente suya y reciben igual respaldo estatal.
Un año después, en 1994, mediante el sistema de usufructo, el Estado cubano entregó a productores particulares más de 75 000 hectáreas a productoras de café y cacao, además de 60 000 hectáreas a cultivadores privados de tabaco. Otras 73 000 hectáreas fueron cedidas para el autoabastecimiento familiar de alimentos.
Ahora, decenas de miles de personas con disposición y posibilidades para producir alimentos agrícolas, están recibiendo en usufructo gratuito parcelas de hasta dos caballerías (26,8 hectáreas) que permanecían ociosas y se incorporan a la producción de alimentos.
Las propias entidades cooperativas y campesinos individuales pueden ser beneficiados con esa asignación, recibiendo tierras estatales aledañas, con la única condición de trabajarlas y producir.
Todos esos sistemas coexisten con el de las empresas estatales y la voluntad del Gobierno de destinar los recursos a quienes más frutos obtengan, sin distinción del tipo de propiedad o usufructo de los productores.
Si alguien conoce algún otro ejemplo de extensión de la propiedad y usufructo de la tierra, como en Cuba, la invitación a exponerlo vale.
En este país, categóricamente, no existen campesinos sin acceso a créditos y sin mercado asegurado. Y tampoco, sin excepción, existe un productor privado sin recibir gratuitamente la educación, los servicios de salud y demás beneficios que otorga el socialismo cubano para todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo.
Y esta historia de la Reforma Agraria cubana, continúa creciendo. En estos momentos el Estado cubano está ofertando de nuevo parcelas de tierra a quienes individualmente deseen trabajarla.
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